Una ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las mujeres es el medio, no el FIN. Promover la atención y defensa de los casos ahora es una prioridad nacional en Bolivia

Mayo 7, 2012  |  Sección: Editorial

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En Bolivia, año tras año cientos de mujeres que incursionan en la esfera pública y ocupan espacios  políticos, sufren acoso y violencia política por motivos de género que representan el quebrantamiento de los derechos políticos, ciudadanos y civiles, paulatinamente más generalizada y tolerada social y políticamente.  La violencia contra las mujeres autoridades, que ocupan cargos y funciones públicas, electas por voto popular, generan cuestionamientos en cuanto al avance y desarrollo legislativo frente a la instauración de mecanismos e institucionalidad de los mismos para su cumplimiento.

El acoso y la violencia política, es un problema considerable en la sociedad, que puede manifestarse bajo diferentes formas. En este caso se presenta en la esfera pública, bajo formas de abusos, amenazas, hostigamientos y otros, considerados no muy graves.  En el trabajo contra este tipo de violencia hacia las mujeres sino se adopta un posición activa, significa una aprobación silenciosa de la sociedad en su conjunto.

La violencia de cualquier índole es uno de los mayores exponentes de la violación de los derechos humanos, a la vez que una de las más comunes en todo el mundo.  También es un obstáculo para el logro de muchas de las metas del desarrollo, una de las mayores amenazas para la salud pública, un obstáculo y una barrera en el acceso a la participación política de mujeres y el afianzamiento de la democracia y la buena gobernabilidad.

En el nivel local municipal, los diversos tipos acoso y violencia política, frena la gestión pública, por tanto puede constituir en un costo mayor para el municipio-gobernación al momento de prestar o ejecutar servicios al cual cometen no los preste o lo haga de manera claramente deficitaria conforme a los planes y programas marcados por el propio municipio.

En Bolivia, como en otros países los “conflictos generados por razones de género en ámbitos públicos” debido a razones e intereses partidarios, políticos, machistas o patriarcales, no están definidos ni reconocidos abiertamente como derechos políticos plenos para el ejercicio de las mujeres siendo necesarios acudir a figuras de garantías institucionales o tratados internacionales.  En muchos casos se plantean la ambigüedad, quedando impunes todos los casos relacionados a estas nuevas definiciones sobre acoso y violencia, tanto en su atención, defensa y tratamiento.

Algunos datos [1] nos muestran la frecuencia y gravedad de este problema. Desde el año 2000 a la fecha más de mil casos fueron denunciados verbalmente, se estima que son cuatro veces más los casos en subregistros o los no denunciados, la mayoría de ellos, tenían por fin, obtener la renuncia al cargo o a la organización política a la que se pertenecía por medio de la violencia física, psicológica e incluso sexual empleada por los agresores.

“Me encerraron en una habitación, me golpearon y luego fui amenazada con una pistola para que firmara mi renuncia”, dice uno de los 168 testimonios recogidos por la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), que reivindica el derecho de las mujeres a ejercer una función pública.

Datos de investigaciones acerca de la participación política de las mujeres, revelan las dificultades que enfrentan para acceder a los espacios políticos, así como para mantenerse en ellos una vez que han llegado y ejercer sus funciones. El acoso y la violencia política han sido documentados y denunciados como mecanismos que buscan la exclusión de las mujeres de la vida política y que frenan su participación, especialmente en los espacios de toma de decisión y ejercicio del poder.

Los patrones sociales, culturales e institucionales vigentes, restringen el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres y su acceso a espacios de decisión y representación política, esto acompañado a prejuicios, falta de credibilidad y la desvalorización, son causas fundamentales para que las mujeres se conviertan en víctimas de acoso y violencia política.

Suman ya 12 años que se revisa desde que se recibió el primer caso por violencia política, y el proceso de elaboración del anteproyecto de Ley, luego Proyecto de Ley en sus innumerables versiones fue una iniciativa legislativa presentada por la sociedad civil en la Legislatura 2004 que fue entonces aprobada Cámara de Cenadores, replanteada y repuesta en otra Legislatura aprobada en junio 2006 y aprobada también en grande en Cámara de Diputados, se contó con el apoyo e informes favorables de varias Ministras de Estado.

Este largo proceso, fue visibilizando los actos y delitos cometidos contra mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos planteado pioneramente por ACOBOL, con el apoyo de diferentes iniciativas de organismos nacionales e internacionales contribuyeron a mejorar la propuesta, para finalmente, el año 2011 al conformarse una gran Alianza entre las organizaciones sociales de mujeres, Plataforma de Asambleístas, Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y el Comité Impulsor de la Agenda Legislativa desde las Mujeres y priorizar la aprobación de esta LEY, fue nuevamente, presentada, para su consideración inicial en la Comisión de Derechos Humanos con quien se revisó y discutió su contenido, comprendiéndose que esta norma constituye una respuesta por parte del Estado ante las limitantes que viven las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos,  que permite cumplir el mandato constitucional de proteger el derecho a la participación y a una vida libre de violencia, en particular a las mujeres, así como cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y que nacen de la ratificación por parte de Bolivia de importantes instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las  Forma de Discriminación Contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer y de las recomendaciones de mecanismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos (2010) y el Comité para la Discriminación Contra la Mujer (2008).

Esta Ley además se enmarca en lo dispuesto en el DS. 29850 Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades “Mujeres construyendo una nueva Bolivia para Vivir Bien”, donde uno de sus ejes de desarrollo es la participación de las mujeres en espacios de decisión, y quese ha fijado la meta de que: “Hasta el 2020, el Estado boliviano, en los niveles de la gestión pública, ha generado las condiciones para la reducción de barreras que limitan la participación de las mujeres en espacios de decisión, bajo los principios de equidad e igualdad de oportunidades”.

Las resoluciones de la Cumbre de Mujeres llevada a cabo en la ciudad de Cochabamba el mes de Junio de 2011, en su primer punto demandan la aprobación de la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.

Estos cambios, que surgen a partir de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia con términos y artículos a favor de las mujeres en diversas áreas, en especial en el área de la representación y la participación política, intrínsecamente se ha promovido el cambio de paradigmas jurídicos tradicionales, en sus leyes derivadas y específicas.

Según NNUU, 2009, el reconocimiento jurídico, las cuotas y otras, normas de discriminación positiva, en el caso Latinoamericano, indica que las organizaciones feministas y de mujeres fueron el movimiento social que hizo posible la visibilización de las problemáticas de la violencia y la construcción de redes que desarrollaron estrategias para eliminar la violencia y desmontar las bases que la sustentan.  La lucha contra la violencia es uno de los mejores ejemplos de articulación entre la existencia de un movimiento social activo y el desarrollo de políticas para una ciudadanía plena.

La propuesta en Bolivia, Con Sentido de Urgencia: propuestas de políticas públicas para la erradicación de la violencia contra las mujeres, del Sistema de NNUU, elaborado por Silvia Salinas, 2011, señala: Considerando la extrema urgencia de erradicar la violencia contra las mujeres en la sociedad boliviana y valorando la riqueza generada por el diálogo, búsqueda de consenso y construcción colectiva entre el Gobierno, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, activistas, feministas, redes, plataformas, campañas y agencias de cooperación internacional para la elaboración de propuestas y recomendaciones hacia políticas públicas que puedan ser recogidas por todas las instancias involucradas con un sentido de corresponsabilidad en la tarea de acabar con la violencia contra las mujeres.

Destacando como puntos críticos y prioritarios; el fortalecimiento institucional en todos los ámbitos del Estado: Nacional, Departamental y Municipal, la corresponsabilidad entre Gobierno y Sociedad Civil para que la tarea de acabar con la violencia contra las mujeres sea un Política de Estado y no sólo una política de gobierno, que estas políticas vayan acompañadas de un adecuado y suficiente presupuesto en todas las instancias (nacional, departamental y municipal).  Que la mirada de la violencia contra las mujeres sea estructural e integral, sin fragmentarla o invisivilizando formas solapadas de violencia.

En la temática particular que nos preocupa, no ha existido una corresponsabilidad explícita por parte del ESTADO ni de ningún gobierno de turno, cuando le ha tocado o han tenido la oportunidad de responder a esta demanda, mandato y orden, desde la exigibilidad y cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres.  El llamado, para que el Estado las cumpla.  En este caso la política pública ha surgido desde la demanda de las mujeres en la participación política y desde la sociedad civil, pero que finalmente cae en la voluntad política de LOS HOMBRES y algunas mujeres, que al coexistir en un marco de doble entrada (jugada) y una doble intencionalidad; a) el ser políticos (as) y b) abogar por una LCAVPRG en contra de la política perversa que daña, hostiga, maltrata, avasalla, la libertad de miles de mujeres en la política.  Entonces, en ese momento se confronta un “conflicto de intereses” al interior de la política y los políticos que se desentienden.

Pese a todo, está la ilusión de miles de mujeres bolivianas expectantes, de poder contar con un proyecto de Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres aprobado lo más pronto posible.


[1] Datos de la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL)