Por Mariano Bosch | Stephanie González | Álvaro Altamirano
Que las mujeres de América Latina y el Caribe reciben pensiones más bajas que los hombres no es una sorpresa a estas alturas. En realidad, los sistemas de pensiones son un espejo de lo que ocurre en el mercado laboral, en el que las mujeres tienen una presencia muy inferior a los hombres (con casos particularmente preocupantes, como los de El Salvador o Guatemala, donde más de la mitad de las mujeres permanecen ajenas al mercado laboral).
El problema no solo reside en la baja participación en el mercado de trabajo. También influye la menor regularidad de las trabajadoras con respecto a los hombres. La maternidad, por ejemplo, provoca interrupciones en la vida laboral de millones de mujeres en la región, lo que se traduce en una menor densidad de contribución. En Chile, por ejemplo, la Encuesta Longitudinal de Protección Social de 2015 refleja que las mujeres cotizaron alrededor de la mitad de su vida activa, mientras que los hombres lo hicieron el 73% de su etapa laboral. En Uruguay, en la encuesta homónima de 2013, las mujeres tuvieron una densidad de cotizaciones del 58% y los hombres de 83%.
Las persistentes brechas salariales también son determinantes. En América Latina y el Caribe, los hombres que tienen un trabajo formal reciben salarios que, en promedio, son un 14% superiores a los de sus pares mujeres. Esto también tiene un reflejo en los sistemas pensionales de la región, ya que el cálculo de las pensiones, o está ligado al salario de los últimos años laborales (en los sistemas de beneficio definido), o depende del ahorro previsional que los trabajadores realizan con base en su salario mensual (en el caso de los sistemas de contribución definida). En ambos casos, un menor salario implica, por supuesto, una pensión más baja.
Cómo equilibrar la balanza
Ante esta realidad, la pregunta relevante es si los sistemas de pensiones deberían tener mecanismos de compensación para las mujeres. Y, de ser así, cabría analizar cuáles son los instrumentos más efectivos para compensarlas en su retiro. Existen ejemplos de políticas que toman esta dirección. Por ejemplo, en varios países de la OCDE, el Estado realiza las contribuciones de las mujeres en periodos de baja por maternidad. Una iniciativa similar se está discutiendo en Chile, donde se ha planteado la posibilidad de que las mujeres tengan subsidios específicos para incrementar su pensión con la intención de corregir las brechas de género del mercado laboral.
El desarrollo de pensiones no contributivas en la mayoría de los países de la región ha hecho que millones de mujeres logren pensionarse con pocas o incluso con ninguna contribución. Ahora bien, ¿son suficientes los instrumentos de compensación ya existentes o la región debe seguir buscando nuevos mecanismos compensatorios? ¿Se resolvería este problema incorporando a más mujeres al mercado de trabajo? El debate sobre las pensiones en América Latina y el Caribe continúa.