Una mujer con la banda presidencial dejó de ser una sorpresa en América Latina. La novedad fue inaugurada en 1990 con la elección de Violeta Chamorro como presidenta de Nicaragua y, hasta el año pasado, nueve mujeres alcanzaron ese puesto en la región. Pero más allá del impacto simbólico que pueden provocar las imágenes de presidentas luciendo este tradicional emblema de poder político, cabe preguntarse si su elección ha sido suficiente para transformar el sistema patriarcal que restringe los espacios de participación a las mujeres y grupos minoritarios.
En un contexto de escasa credibilidad en la clase política, de corrupción y deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones públicas, las mujeres pueden representar una alternativa de renovación democrática. Cristina Fernández cursa su segundo mandato presidencial en Argentina. En marzo se sabrá si la ex presidenta de Chile y ahora directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, volverá a ser candidata presidencial. Hoy lidera las encuestas de popularidad pese a no vivir en el país. En este grupo también se encuentra Dilma Rouseff, la primera mujer que llegó a ser presidenta del Brasil en 2011. La mandataria mantiene un 78% de aprobación y ha superado a Luiz Inácio Lula da Silva, su predecesor, en los sondeos para las presidenciales de 2014.
Para las tres, su carrera política y defensa de los derechos humanos influyeron en el desempeño de su presidencia. Como mujeres de izquierda compartieron el ideario de la inclusión social y no sorprende que sus nombres aparecieran en la lista de las 150 mujeres más valientes del mundo publicada por la revista Newsweek el año pasado.
Sí, una mujer puede
Teresa Valdés, Coordinadora del Observatorio de Género y Equidad y editora del libro Género en el Poder: el Chile de Michelle Bachelet afirma que «estos liderazgos aumentan las posibilidades de desarrollo de las mujeres, al modificar los modelos de rol para niños y niñas. Sus conducciones como presidentas tienen un efecto demostrativo y anima a otras mujeres a quebrar con el estereotipo de la división sexual».
El demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, profesor de la Escuela Nacional de Ciencias Estadísticas (ENCE / IBGE) y coautor del libro Mulheres nas eleições 2010, relata que en el caso de la victoria de Dilma el mensaje para la gente de Brasil y del mundo fue claro: «Sí, una mujer puede» e indica que las jóvenes de las nuevas generaciones se darán cuenta de que los espacios de poder no son sólo para hombres. La llegada de Dilma al Palácio do Planalto significa «una inclusión real de género, marcando una ruptura con el estilo «club de hombres» que caracterizó la galería de los dirigentes máximos de la República», agrega. Para el demógrafo, la elección de una presidenta significa también una manera de reconocer la importancia de la mujer en la sociedad, porque representan «más del 50% de la población y del electorado brasileño, tienen en promedio un mayor nivel educativo que los hombres, viven más tiempo, constituyen la mayoría de la población económicamente activa con más de 11 años de estudio […] y trabajan más horas por día al sumar el trabajo remunerado y las tareas del hogar no remuneradas».
El cambio cultural producido con respecto a la participación de las mujeres se refleja en tres consultas a líderes de opinión realizadas por la División de Asuntos de Género de la CEPAL que se tradujo en el documento El Estado frente a la autonomía de las mujeres. El texto afirma que los últimos 17 años han sido importantes para las mujeres de la región en materia de participación política y acceso a cargos de toma de decisiones: «La participación de las mujeres en las legislaturas ha aumentado en casi todos los países de la región, lo que se debe en gran medida a la acción afirmativa —en este caso, en particular, de las leyes de cuotas». Asimismo, la mayor parte de los consultados y consultadas piensa que el ascenso de las mujeres ha contribuido a mejorar la representatividad del sistema democrático.
Un aspecto destacado por Valdés es que queda demostrada la capacidad de las mujeres para representar a la sociedad en conjunto, descartando la idea de que «las mujeres representamos a las mujeres». Por eso, enfatiza la experta, «la paridad es tan subversiva. Hoy sí es posible y se hace más evidente la tensión con el mundo de la elite masculina donde, obviamente, las mujeres pasan a ser una competencia con la que hay que luchar», subraya. No obstante estos logros, especialistas en el tema como la cientista política María de los Ángeles Fernández Ramil, Directora Ejecutiva de Fundación Chile 21, y coautora del documento Presidentas latinoamericanas e igualdad de género: un camino sinuoso advierte respecto a la importancia de ponderar el impacto real de la llegada de las mujeres al Poder Ejecutivo. En este sentido, subraya que «esto no siempre se expresa en avances sustantivos en la transformación de instituciones políticas que permitan mejorar la calidad de la democracia en sus sociedades».
Campañas presidenciales y agendas pro género
Pese a que existe un relativo acuerdo respecto a que la elección de Michelle Bachelet abrió camino a otras mujeres para lograr el mismo cargo en sus países, ni Cristina ni Dilma utilizaron la ‘agenda de género’ como un elemento distintivo en sus campañas presidenciales, y los tres gobiernos tuvieron distintos resultados en materias de derechos sexuales y reproductivos e implementación de legislaciones favorables a la equidad de género.
En 2005, el discurso político de Bachelet tenía una perspectiva de género definida que, pese al riesgo que implicaba para conseguir votos masculinos, logró suscitar la solidaridad de sus pares para ser elegida presidenta sin por ello restar al electorado masculino. Como apunta Fernández Ramil, su triunfo en segunda vuelta logró 286.000 votos femeninos por sobre los masculinos, así como quebrar la tendencia de mayor voto masculino para la Concertación (Coalición de Partidos por la Democracia) en cinco puntos porcentuales.
Bachelet inauguró su gobierno con un gabinete paritario, que es algo inédito no sólo en Chile, sino también en el resto de América Latina. Así demostró que era posible otra forma de representar el poder político. Pero la paridad duró poco tiempo. Pese a sus intentos por promulgar una Ley de Cuotas en 2007, y modificar el sistema binominal, no pudo concretar las reformas legales.
Durante su gestión destacó el rol activo del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), una institución de larga tradición que ha servido de modelo a otros países y es reconocida por sus políticas pro género desde 2001. Su gobierno, según Valdés y Fernández Ramil, fue «el que mostró más compromiso con la promoción de políticas públicas con perspectiva de género». Ambas autoras destacan además otros cambios significativos para las mujeres como el tratamiento de la violencia doméstica –que pasó a ser reconocida como un acto de discriminación–, y la valoración del trabajo reproductivo que introdujo en la reforma previsional.
Un hito que marcó su mandato está relacionado con la polémica generada por el Tribunal Constitucional que prohibió la distribución de la píldora del día después en los consultorios médicos del país. La movilización de las organizaciones sociales y la activa demanda de la presidenta lograron revertir esta decisión. Ese triunfo contrasta hoy con la deuda que aún mantiene Chile al no ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW. En los últimos años, el país ha descendido 41 puestos en el ranking de igualdad de género del Foro Económico Mundial y el actual gobierno de derecha no ha validado el último Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres ni ha propuesto otro instrumento que desarrolle una estrategia de inclusión de la igualdad de género en las políticas.
Por su parte, las elecciones brasileñas de 2010 fueron calificadas como las «más femeninas» de su historia con 1.335 mujeres candidatas a diputadas federales (22%), 3.500 a diputadas estaduales (23%), 36 al Senado (13%) y 18 a los gobiernos estaduales (11%). De 9 candidatos presidenciales, dos fueron mujeres.
Con su elección, Dilma Rousseff marcó un hito, sumándose a las celebraciones del 80 aniversario del sufragio femenino en Brasil. A diferencia de Bachelet, su agenda política no dio especial importancia a la equidad de género, ni su victoria fue vista como un logro del movimiento feminista. Así lo revela Mulheres nas eleições 2010, volumen que busca ser fuente de referencia para el análisis de las desigualdades de género en la política brasileña.
En tanto heredera del abrumadoramente masculino electorado de Lula, Dilma evitó el sesgo feminista, señala la publicación. «Incluso con dos mujeres compitiendo por la Presidencia de la República [se refiere a la candidata del Partido Verde], el debate de las cuestiones de género no fue parte de la campaña principal, y la agenda feminista estaba mucho menos presente». Una de las pocas ocasiones en que Dilma opinó sobre temas relacionados fue en una entrevista en la que afirmó que el aborto es «una cuestión de salud pública» y que en Brasil muchas mujeres mueren por abortar en condiciones de ilegalidad. Sus declaraciones generaron tal polémica que decidió cambiarlas ante la presión de católicos y de iglesias evangelistas.
Una vez en el poder, Dilma anunció que para la formación del nuevo gobierno tendría un gabinete integrado por 30% de mujeres, emulando el gabinete paritario de Bachelet, aunque manteniéndose lejos del mismo. Pero su voluntad no fue suficiente. La presión de los líderes del partido redujo el espacio potencial de las mujeres. De los 37 ministros del gobierno de Rousseff, nueve eran mujeres (24% de todo el gabinete). Para acabar con la exclusión de las mujeres en posiciones de poder, la comisión de reforma política del Senado aprobó la adopción de cuotas para las mujeres en las elecciones, lo que fue visto como un importante logro. No obstante, para María de los Ángeles Fernández Ramil ese trata de «una ley de cuotas ineficaz, al punto de tener uno de los índices de representación femenina más bajos de la región». Hoy el país tiene la incómoda posición 140 en el ranking mundial de representación femenina en las Cámaras de Diputados. A esto se suma que la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres de Brasil, dedicada a la planificación de las políticas de género, «ha visto mermada su acción por la falta de ejecución presupuestaria», afirma.
Para la investigadora chilena, Rousseff muestra compromiso con los temas de igualdad de género y parece decidida a corregir la actual ineficacia de la ley de cuotas mediante reformas políticas y también nombrando mujeres en el llamado «núcleo duro del poder», esto es, en el círculo de ministras más cercanas al Planalto y en cargos ejecutivos, como el de presidencia de Petrobras, la estatal brasileña de petroleo y gas, cuya elegida fue la ingeniera química Maria das Graças Foster.
Así como ocurrió cuando era candidata, Dilma también ha sido criticada por su silencio respecto al aborto, lo que, según el movimiento de mujeres, quedó claro después del lanzamiento del programa Red Cigüeña –plan del gobierno presentado en mayo de 2011 para atender la salud materno infantil– y de la aprobación de la Medida Provisional 557, al finalizar ese año. La MP, retirada por la presidenta luego de ser duramente criticada, proponía conceder el subsidio de transporte contemplado por la Red Cigüeña a embarazadas registradas y obligaba a cualquier institución que realizase procedimientos prenatales y de asistencia al parto a reportar datos al Sistema de Acompañamiento del Programa de Humanización en el Prenatal y Nacimiento. Las feministas alegaron que, si en los años 1990 el movimiento de mujeres logró que la ONU abandonase la concepción materno infantil para adoptar la de los derechos reproductivos, el modelo de la Red Cigüeña retomaba esa noción del pasado, y la MP 557 implicaba un retroceso al controlar a la gestante. Pese a que el gobierno había garantizado que el objetivo era cualificar el acompañamiento en la atención a las mujeres, la posibilidad de divulgación de los nombres preocupó a feministas, por dar margen a la persecución de mujeres que optasen por interrumpir su embarazo. La medida fue vista como una clara reacción de sectores conservadores y fundamentalistas, acatada por el gobierno.
Dilma también es acusada de tener poco compromiso con el movimiento LGBT, especialmente después de ordenar la suspensión del kit Escuela sin homofobia. El material había sido aprobado por el Ministerio de Educación (MEC) como instrumento pedagógico para abordar el tema de la diversidad sexual en las aulas, pero luego de presiones de políticos aliados vinculados a sectores conservadores, la presidenta acabó por vetar la política del MEC. Dos años después del veto presidencial, organizaciones de defensa de los derechos LGBT aún exigen explicaciones de la presidenta.
En Argentina María Eva Duarte de Perón es una figura indiscutida de identificación para las mujeres en la política y más particularmente para las peronistas. Cristina Fernández no es la excepción. En 2007 fue la primera mujer elegida presidenta, pero la segunda en ejercerlo (en 1974 María Estela Martínez de Perón, entonces vice, asumió la presidencia por el fallecimiento del presidente Juan Domingo Perón). En 2011 Cristina fue reelegida.
Durante su primera campaña se apoyó en su condición de esposa del mandatario saliente, Néstor Kirchner, lo que suscitó dudas respecto a su voz y voto propios. Había quien en el movimiento feminista argentino dudara de la capacidad de la candidata para desarrollar un programa de igualdad de oportunidades. No obstante, Dora Barrancos, directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, señala que «ella ha contribuido al poder del marido, tal vez más que lo recíproco. Ella se debe en gran medida a una construcción propia, tiene un largo recorrido militante, no es una personalidad débil y mucho menos sujetada. Pero por otra parte, su carencia de subjetividad feminista, el escaso interés por los derechos femeninos, ciertas formas de su actuación, revelan ángulos francamente no innovadores».
Durante su gobierno, el Congreso aprobó dos leyes que marcaron un hito y pusieron a Argentina a la cabeza en materia de derechos civiles. La primera fue la Ley de Matrimonio Igualitario, que reconoció a parejas del mismo sexo iguales derechos que un matrimonio convencional, y la otra, la Ley de Identidad de Género que permite cambiar el sexo que figura en el documento de identidad de forma gratuita y sin necesidad de orden judicial, intervención médica o peritaje alguno. Ambas se suman a una ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, aprobada en 2009.
Argentina también lidera en la región en lo relativo a la Ley de Cuotas. Fue el primer país que las instauró, llegando hoy al 40% de mujeres del total de parlamentarios. Conocida como Ley de Cupo Femenino, la norma establece una serie de modificaciones a la legislación electoral. En el primer año de gobierno de Cristina Fernández, en 2008, se creó la comisión especial del Senado Banca de la Mujer que, entre otras cosas, tiene la facultad y atribución de incluir la dimensión de género en la elaboración y sanción de los proyectos legislativos. Según datos del International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), en América Latina estas normas son una realidad: 11 de 19 países cuentan con leyes de este tipo y Argentina está a la cabeza.
Con esta ley hubo avances en el acceso de mujeres a cargos electivos, pero, según afirma Fernández Ramil en su publicación, «a pesar de los avances en temas como las cuotas en las listas partidarias, ha sido más difícil avanzar en una institucionalidad sólida de género debido al rol jugado por la propia Presidencia». La cientista política explica que «aunque hay menos restricciones para que puedan introducir leyes, incluso en temas controversiales, [el] escaso poder [de las mujeres] en el liderazgo de instituciones en el Congreso hace que carezcan de mayor influencia». A ello se suma, continúa la experta, el hecho de que las políticas públicas de género han estado marcadas por la discontinuidad, la falta de financiamiento y la ambigüedad en la definición de «equidad».
En lo que sí coinciden la mayoría de las organizaciones feministas es en que una de las grandes deudas del gobierno de Cristina Fernández es el tratamiento efectivo del aborto legal. El Parlamento rechazó el proyecto de ley de Interrupción Legal del Embarazo. En el caso de Dilma Rousseff, este distanciamiento no se da apenas en relación al aborto, sino que su presidencia también se ha curvado ante sectores conservadores en sus políticas de diversidad sexual y derechos humanos; sin contar el profundo recorte en el financiamiento de organizaciones civiles que durante décadas sustentaron políticas de equidad y reconocimiento –otro motivo de reclamo por parte de movimientos sociales.