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CEPAL: Informe "Los bonos en la mira: aporte y carga para las mujeres"

La División de Asuntos de Género de la CEPAL presentó el Tercer informe anual 2012 “Los bonos en la mira: aporte y carga para las mujeres” del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG). Allí señalan que los programas de transferencia condicionadas perpetúan el rol de la mujer como cuidadora.

Los programas de transferencias condicionadas de ingresos (PTC) perpetúan una organización del cuidado en la sociedad basada en el trabajo no remunerado de las mujeres, que es una de las causas de la desigualdad económica de género, según el tercer informe del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) “Los bonos en la mira: aporte y carga para las mujeres”. La publicación fue presentada en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Desde su puesta en marcha en la región, los PTC se orientan mayoritariamente a las mujeres ya que en la mayoría de países conceden ingresos para educación y salud de los niños y niñas a través de sus madres. Varios de estos programas combinan un aporte monetario con la exigencia de contraprestaciones familiares y en algunos casos cuentan con un sistema de sanciones ante incumplimientos de los compromisos contraídos (asistencia escolar y control de salud de niños, niñas y adolescentes).

El informe señala que estos programas representan para muchas mujeres la primera fuente de ingreso estable que han tenido y comportan una retribución mensual de la que de otro modo carecerían. Además, este beneficio monetario es considerado por las mujeres como propio y, en este sentido, consolida su posición en los procesos de toma de decisión en el hogar.

Sin embargo, el estudio destaca que los PTC presentan a la mujer como madre, no como persona con derecho propio a la protección social, y refuerzan la idea socialmente construida de que el cuidado es una responsabilidad natural de las mujeres.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, apunta en el prólogo del documento que “las políticas públicas están lejos de asimilar el avance de las mujeres y, aunque muchos programas las visibilizan y reconocen, en general no se inspiran en el marco de derechos y prevalece una visión instrumental, especialmente de las mujeres pobres”.

De acuerdo con el estudio, este tipo de política social conlleva una visión maternalista que considera a las madres como corresponsables junto con el Estado en la consecución de ciertos objetivos sociales, como la superación de la pobreza. Se antepone la responsabilidad individual de demostrar la asistencia escolar y los controles de salud para conseguir los bonos a la responsabilidad del Estado de garantizar los servicios sociales que aseguren derechos humanos como son la educación y la salud de los niños, niñas y adolescentes.

El informe indica que los PTC conllevan para las mujeres exigencias suplementarias en cuanto al uso del tiempo. El cumplimiento de las condicionalidades exige una mayor dedicación por parte de las mujeres, que deben tramitar los certificados de asistencia a la escuela y los controles de salud de sus hijos.

Por otra parte, el motivo más frecuente de finalización de la transferencia es que los hijos e hijas han cumplido la edad máxima permitida para participar en el programa. Esto puede ser problemático para las mujeres, que pueden pasar años recibiendo los bonos sin poder generar vías alternativas de participación económica, para encontrarse, una vez que finaliza el ingreso, en una situación de pérdida de beneficio y peores condiciones que antes para incorporarse al mercado laboral.

La publicación incluye diversas recomendaciones para que estos programas no reproduzcan la subordinación económica de las mujeres, como abandonar toda visión maternalista de la política social, revisarlos para que las transferencias contribuyan a una mayor autonomía de las mujeres y contribuir con ellos a modificar los roles tradicionales de género, no a consolidarlos.

También recomienda considerar estrategias que permitan avanzar desde el concepto de programas de transferencia condicionada hacia sistemas de protección social integrados, homogéneos, inclusivos y con un enfoque de derechos.

Informe completo, aquí.

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