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El 17% de las mujeres viven en condiciones infrahumanas: La pobreza en la UE tiene rostro de mujer

Un informe del parlamento de la Europa del Capital reconoce que la mujer está especialmente golpeada por la crisis de un capitalismo defendido por esa misma institución. La Eurocámara vota hoy, coincidiendo con el 100° aniversario del Día Internacional de la Mujer, un informe en el que propone medidas para luchar contra la pobreza femenina en la UE. El informe, elaborado por la diputada rumana Rovana Plumb (S&D), señala que un 17 % de las mujeres en los 27 países de la Unión Europea vive en condiciones de pobreza. Además, el 22% de las mujeres de más de 65 años está amenazado por la pobreza, en comparación con el 16% de los hombres. El texto subraya que la tasa media de empleo femenino es del 59,1 % y cifra la diferencia salarial media entre mujeres y hombre en un 18% en el conjunto de la UE.

Políticas de empleo

El informe subraya que la mayoría de personas en situación de pobreza en la Unión Europea son mujeres, situación a la que contribuyen el desempleo, el trabajo precario, los sueldos bajos, las pensiones y jubilaciones inferiores a los ingresos mínimos de subsistencia y el difícil acceso a unos servicios públicos de calidad.

La comisión de Derechos de la Mujer del PE prevé un «aumento desproporcionado» del desempleo femenino como consecuencia del anuncio de recortes presupuestarios en el sector público. Por eso, los diputados piden a los Estados miembros que tengan en cuenta la dimensión de género en sus planes para salir de la recesión, mediante la promoción del empleo de las mujeres en sectores estratégicos y adoptando medidas en favor de la formación continua, la inclusión en el mercado laboral, la flexibilización de los horarios, la igualdad salarial y la revisión de los regímenes fiscales y de pensiones.

Además, la UE necesita un marco reglamentario transparente para las formas atípicas de empleo, con el fin de garantizar unas condiciones laborales adecuadas y unos sueldos dignos.

Protección social

El informe recalca que, para no empeorar las condiciones de precariedad de las mujeres en el mercado laboral, se deben tener en cuenta las cargas familiares en los expedientes de regulación de empleo, sabiendo que, en muchos casos, los hijos están a cargo de las mujeres.

Igualmente, los diputados defienden la revisión de los sistemas impositivos y de protección social para individualizar los derechos en los regímenes de pensiones y de seguridad social y eliminar la ventaja al «sostén de la familia». Otras prioridades son garantizar la igualdad en las pensiones y eliminar los incentivos que tienen un impacto negativo en la participación laboral y social de las mujeres, como la tributación conjunta, o la supeditación de las subvenciones para el cuidado de personas dependientes a la inactividad de las mujeres.

También es fundamental facilitar el acceso y la reincorporación de los progenitores solos al mercado laboral y prever una protección social para las familias monoparentales. Un tercio de las familias monoparentales en Europa vive en condiciones de pobreza.

Por otra parte, los diputados piden a los Estados miembros que emprendan acciones específicas para garantizar que las mujeres de entornos desfavorecidos tengan un acceso justo a los regímenes de sanidad pública, a los servicios sanitarios de ginecología y obstetricia, a viviendas dignas, a la justicia, la educación, la formación, al aprendizaje a lo largo de la vida, al deporte y a la cultura, para impedir el abandono prematuro de la escolarización y facilitar una transición fluida entre la escuela y el mercado laboral.

Conciliación de la vida personal y profesional

La comisión parlamentaria pide que se creen puestos de trabajo adaptados a situaciones específicas, por ejemplo, trabajos a tiempo parcial o con un horario de trabajo flexible para las mujeres que están criando a sus hijos, dado que el desempleo es la causa fundamental de la pobreza y la exclusión social.

El texto refleja que el trabajo a tiempo parcial y el empleo de baja calidad afectan fundamentalmente a las mujeres y contribuyen al incremento del número de mujeres entre los trabajadores pobres.

Los parlamentarios piden a los Estados miembros que adopten medidas para evitar el despido de mujeres durante el embarazo o la maternidad, con el fin de evitar la discriminación de las mujeres embarazadas en el mercado laboral o garantizar que la maternidad no afecta al derecho de pensión de las trabajadoras.

Los diputados lamentan que no se hayan alcanzado los objetivos del Consejo Europeo de Barcelona de 2002 en materia de prestación de servicios de cuidado infantil y piden al Consejo y a los Estados miembros que renueven y confirmen sus compromisos, mediante apoyo financiero, estructuras públicas de cuidado infantil e incentivos a las empresas para que creen este tipo de estructuras en sus instalaciones.

Lucha contra la pobreza de las mujeres mayores

El texto subraya además que el riesgo de caer en la pobreza es mayor en el caso de las mujeres que en el de los hombres, especialmente en la vejez, ya que las mujeres han interrumpido su vida laboral y resultan perjudicadas por la discriminación en el mercado laboral.

Los eurodiputados piden a los Estados miembros que reconozcan la labor de educación de los hijos y garanticen que este periodo cuenta para el cálculo de las pensiones.

Impacto de la violencia de género en el riesgo de pobreza

Los eurodiputados consideran que la violencia de género sigue siendo un problema grave en la Unión, puesto que, durante la edad adulta, entre el 20% y el 25 % de las mujeres aproximadamente sufre violencia física, y más del 10 % son víctimas de violencia sexual.

Los eurodiputados piden a la Comisión que instaure un Año Europeo de Lucha Contra la Violencia de Género, dado que ésta afecta tanto a sus víctimas como a sus autores independientemente de su edad, educación, nivel de ingresos o posición social, y tiene un impacto cada vez mayor en el riesgo de marginación, pobreza y exclusión social.

Por ello, el texto hace hincapié en que los Estados miembros y la autoridades regionales y locales emprendan acciones destinadas a facilitar la reinserción en el mercado laboral de las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género a través de instrumentos como el Fondo Social Europeo (FSE) o el programa Progress.

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