(Buenos Aires, diciembre de 2011) – En los últimos años, se ha denominado “conflicto familia y trabajo” a las dificultades que enfrentan las mujeres y varones para cuidar de sus hijos y, al mismo tiempo, permanecer en el mercado laboral. Este conflicto se produce porque las mujeres se han insertado masivamente en el mercado laboral, pero no se ha modificado la forma en la cual se organiza el cuidado de las personas dependientes del hogar. Las mujeres siguen siendo las principales encargadas de dicha tarea.
Cuidar de las personas que lo necesitan es un trabajo y al mismo tiempo, ser cuidado es un derecho reconocido en diversos instrumentos de derechos humanos y algunas constituciones de la región. Son los niños, niñas, ancianos, ancianas y las personas enfermas o con discapacidad quienes requieren mayores cuidados o un cuidado especial.
En nuestra sociedad la responsabilidad de cuidar recae en las mujeres y una de las principales causas es la división sexual del trabajo, que asigna ciertas responsabilidades y saberes a las mujeres y a los varones. El trabajo no remunerado como el cuidado de las personas y el doméstico es adjudicado casi exclusivamente a las mujeres. Este reparto es un importante condicionante de la participación femenina en el mercado laboral y el desarrollo de la mujer en igualdad de condiciones.
La encuesta realizada por ELA en la ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires entre julio y agosto de 2011 confirma la inequidad existente en el trabajo de cuidado que efectúan las familias. En los hogares con niños y niñas de hasta 13 años, la responsabilidad de cuidarlos recae principalmente en las madres (76%). Los padres se involucran en menor medida (22%). También participan las abuelas, tías, hermanas o hermanos mayores (18% y 10% respectivamente). Sólo un 5% de estas familias contrata personal para el cuidado de niños y niñas, siendo este índice un indicador del bajo nivel de mercantilización de estas tareas.
“Si bien los varones se involucran más en el cuidado de sus hijos, su intervención se limita a llevarlos a la escuela, al médico u otras actividades, pero se desentienden de obligaciones como preparar la comida y alimentar a los niños, jugar con ellos y ayudarlos a realizar la tarea de la escuela, entre otras”, explica Carla Zibecchi, socióloga de ELA y responsable de la investigación.
Según se desprenden de los datos relevados por ELA, la principal estrategia de cuidado de los hogares con personas pequeñas es la red familiar, integrada por un abuelo, abuela, tío, tía, hermana o hermano. Otra de las estrategias más utilizadas es la posibilidad de escolarizar a los niños y niñas. “El sistema educativo argentino cubre eficazmente esta necesidad en el nivel primario (100% de las niñas y los niños de más de 6 años concurre a escuelas públicas y privadas), pero la situación difiere cuando en los hogares viven chicas y chicos menores de 3 años (70% no está escolarizado), ya que la oferta estatal de jardines maternales y servicios educativos para los y las más pequeñas es insuficiente”, aclara Zibecchi.
Cabe señalar que del 18% del gasto mensual que las familias destinan al cuidado de niños y niñas, un 58% es para educación. En salud se gasta el 21%.
En Argentina son pocas las políticas de conciliación para las mujeres insertas en trabajos asalariados y refieren principalmente al período de gestación, alumbramiento y lactancia. Existen otras medidas que benefician principalmente a la población femenina puesto que suponen que son las mujeres las que cubrirán las necesidades de cuidado de niños y niñas (licencias por enfermedad, acceso a guarderías, entre otras).
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Convenio 156 establece que los Estados deben incluir políticas que permitan a las personas con responsabilidades familiares ejercer su derecho a trabajar sin ser discriminadas. Las políticas y acciones de conciliación familia y trabajo pretenden atender dicho conflicto garantizando a los progenitores la posibilidad de cuidar de sus hijos, y al mismo tiempo, permanecer en el mercado laboral.
Tal como señala Laura Pautassi, socia e investigadora de ELA, “el cuidado como derecho conlleva para el Estado no sólo obligaciones negativas (abstenerse de entorpecer los servicios de guarderías infantiles, no impedir el acceso de un adulto mayor al sistema de salud), sino también obligaciones positivas, principalmente la provisión de los medios para poder cuidar y garantizar que el cuidado se lleve adelante en condiciones de igualdad”.
Es urgente incluir este debate en la agenda pública, ya que varias investigaciones señalan que en los próximos años el envejecimiento de la población va a incrementar las responsabilidades vinculadas con el cuidado de los adultos mayores, y continuará la prolongación de los procesos de independencia de los hijos e hijas en algunos sectores de la población. Situación que significará un aumento en las responsabilidades de cuidado de las mujeres en detrimento de su autonomía y goce de sus derechos.
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